El lunes por la tarde, el Relator Especial de Naciones Unidas, Frank La Rue, presentó el Informe “Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión”, en una actividad convocada por el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH) y la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), realizada en el Salón Alicia Eguren de Cooke del Archivo Nacional de la Memoria (ANM).
La Rue, elogió el desempeño de la Argentina en materia de memoria sobre los crímenes de la última dictadura: “Argentina dio un gran paso. Primero porque se ha revelado la información (sobre los delitos de lesa humanidad) y segundo porque se han hecho memoriales como en el que estamos hoy. Que la ex ESMA sea hoy un lugar histórico donde funcionan organizaciones de derechos humanos, donde funciona parte de la televisión pública del Ministerio de Educación, me parece muy significativo”, dijo.
Durante el encuentro, además, se desarrollaron diferentes paneles de los que participaron el jurista español presidente del Consejo de Administración del CIPDH, Baltasar Garzón; Remo Carlotto, diputado nacional y presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías de la Cámara de Diputados; Sebastián Rollandi, director nacional de Relaciones Institucionales y Comunitarias de la AFSCA; Graciana Peñafort, directora de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Defensa; Carlos Pisoni, subsecretario de Promoción de los Derechos Humanos; Pedro Mouratián, interventor del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), y Cynthia Ottaviano, Defensora del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual.
El informe, presentado a la Asamblea General de Naciones Unidas, describe cómo se establece el derecho de acceso a la información en virtud del derecho internacional de los DDHH y pone de relieve sus interrelaciones con el derecho a la verdad. Teniendo en cuenta ese marco, analiza las limitaciones permisibles del acceso a la información, en particular las excepciones justificadas por motivos de seguridad nacional. Además, describe los principios que pueden orientar el diseño y aplicación de las leyes sobre el acceso a la información y examina los obstáculos que se observan con frecuencia en la vida real. También, formula recomendaciones para traducir mejor las normas internacionales de derechos humanos en leyes y prácticas nacionales que promuevan el acceso a la información.
Dicha presentación fue celebrada por la UNESCO, organismo que había solicitado al gobierno argentino la realización de la misma.
www.afsca.gob.ar
